Hay algo que resulta especialmente preocupante. Durante años, desde distintos espacios de la derecha se ha insistido en que la eficiencia administrativa, la inversión y la modernización son suficientes para construir buenos gobiernos. Pero ¿de qué sirve hablar de ciudades modernas y desarrollo económico cuando hay familias que no pueden utilizar el agua que llega a sus viviendas? El problema de fondo aparece cuando los servicios públicos dejan de entenderse como derechos y comienzan a administrarse únicamente bajo criterios de rentabilidad, resultados financieros o conveniencia política. El agua no puede convertirse en un privilegio para quienes tienen recursos para pagar alternativas.
Hay que reconocer que la crisis hídrica de Guadalajara tiene antecedentes que provienen de distintas administraciones y sería simplista atribuir toda la responsabilidad a un solo gobierno. No obstante, reconocer la complejidad de un problema no significa eximir a quienes actualmente tienen la responsabilidad de resolverlo. Gobernar implica hacerse cargo de las condiciones que se reciben, establecer prioridades y ofrecer respuestas. En esa toma de decisiones, la ciudadanía no puede quedar atrapada indefinidamente entre explicaciones técnicas, responsabilidades heredadas y promesas de soluciones futuras.
Las autoridades estatales han señalado que durante la movilización participaron grupos que incurrieron en actos violentos y que hubo elementos policiales lesionados, hechos que deben investigarse y que, en dado caso de ser ciertos, no podrían justificarse. Pero de ninguna manera pueden utilizarse esos episodios para desacreditar una demanda legítima ni para normalizar posibles abusos de autoridad. Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una distinción fundamental: una cosa es contener y otra reprimir. En una democracia, el uso de la fuerza debe ser excepcional, proporcional y estar sujeto a rendición de cuentas.
Lo ocurrido también invita a mirar hacia América Latina, donde observamos el crecimiento de proyectos políticos de derecha y ultraderecha que ofrecen orden, seguridad y soluciones inmediatas frente al descontento social. No todos estos proyectos son iguales, sin embargo, existe una advertencia que no podemos pasar por alto. Cuando el discurso del orden termina justificando restricciones a la protesta, cuando las demandas sociales se presentan como amenazas y cuando se privilegia la confrontación sobre el diálogo, aparecen prácticas autoritarias que deben preocuparnos independientemente de quién las ejerza.
Desde la izquierda, tenemos la obligación de defender una forma distinta de entender el poder. Nuestro movimiento nació de las calles, de la organización popular, de las luchas sociales y de la convicción de que las personas deben estar en el centro de las decisiones públicas. No podemos olvidar esa historia ni permitir que la participación ciudadana sea vista como un obstáculo para gobernar, sino que se vuelve necesario, ahora más que nunca, recordar que es posible ejercer el poder con sensibilidad, honestidad y respeto a los derechos humanos.
En Guerrero conocemos las dificultades que representa garantizar servicios básicos en comunidades rurales, colonias populares y municipios con rezagos históricos. Sabemos que las soluciones requieren inversión, coordinación y tiempo, pero también sabemos que la gente necesita autoridades que escuchen, que regresen a sus comunidades y que hablen con la verdad. Por eso he insistido en la importancia de organizarnos desde nuestros barrios, colonias, pueblos y regiones. Una ciudadanía organizada jamás representará una amenaza para los gobiernos, todo lo contrario, se trata de una oportunidad para construir mejores decisiones y evitar que las inconformidades terminen convirtiéndose en conflictos.
Por Esthela Damián Peralta
