La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, detalló este lunes la propuesta de reforma constitucional con la que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum busca reorganizar las elecciones del Poder Judicial y aplazar la jornada prevista para 2027 hasta el domingo 4 de junio de 2028.
La iniciativa pretende homologar las elecciones judiciales con los calendarios electorales ordinarios de 2030, 2033 y 2036, para reducir costos, simplificar la logística y evitar saturación operativa del INE.
Durante la explicación de la reforma, Alcalde —quien asumió la Consejería Jurídica el pasado 4 de mayo tras dejar la dirigencia nacional de Morena— sostuvo que el rediseño permitirá construir un sistema electoral judicial “más ordenado y eficiente”.
La Presidenta Sheinbaum ya había adelantado semanas atrás que una de las primeras tareas de Luisa Alcalde sería evaluar el aplazamiento de la elección judicial y proponer mejoras a la reforma aprobada en 2024.
La elección judicial de 2028 contempla una renovación masiva de cargos en el sistema de justicia federal y estatal. Entre ellos se encuentran cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. A nivel local también serán electos 424 magistrados y 2 mil 831 jueces pertenecientes a 25 entidades federativas.
La reforma incorpora además una serie de cambios estructurales para modificar el funcionamiento de los procesos judiciales-electorales. Entre las medidas destacan la creación de una Comisión Coordinadora, la simplificación de boletas electorales y la división territorial del país en distritos judiciales definidos por el INE. Asimismo, se establece la capacitación obligatoria y permanente para jueces y magistrados, además de permitir que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan desarrollarse en las mismas casillas.
Otro de los cambios relevantes es que el escrutinio y cómputo de votos se realizaría directamente en las casillas donde fueron emitidos, con el objetivo de agilizar resultados y reducir costos operativos. También se establece que, en caso de renuncia, fallecimiento o destitución de algún juzgador, la vacante permanecerá hasta la siguiente elección correspondiente y no mediante designaciones provisionales.La propuesta del Ejecutivo también contempla una reorganización interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la creación de dos nuevas secciones especializadas, como parte del rediseño integral del máximo tribunal del país.
El debate sobre mover la elección judicial a 2028 tomó fuerza luego de que el INE advirtiera sobre riesgos de saturación logística y presupuestal si coincidían en 2027 los procesos judiciales, federales y estatales. El organismo electoral alertó que realizar ambos procesos por separado implicaría miles de casillas adicionales y un costo multimillonario para el Estado mexicano.