El Gobierno Federal confirmó su incursión en la fracturación hidráulica (fracking) como parte de una estrategia para aumentar la producción de gas natural y reducir la dependencia energética de Estados Unidos.
La medida marca un giro en la política energética reciente, al abrir la puerta a una técnica que había sido rechazada en administraciones anteriores por sus impactos ambientales. Ahora, será impulsada principalmente por Pemex con el objetivo de fortalecer la soberanía energética del país.
De acuerdo con el plan presentado, se busca incrementar significativamente la producción de gas hacia 2035, pasando de los niveles actuales a más de 3 mil millones de pies cúbicos diarios, con proyectos de corto y mediano plazo ya en marcha.
Autoridades federales han defendido la decisión señalando que México depende en gran medida del gas importado —principalmente de Estados Unidos—, lo que representa un riesgo en contextos de tensión internacional y volatilidad de precios.
No obstante, el uso del fracking sigue siendo altamente controvertido. La técnica implica la inyección de grandes cantidades de agua y químicos para extraer hidrocarburos de formaciones rocosas, lo que ha generado críticas por sus posibles efectos en el medio ambiente, especialmente en el consumo de agua y la contaminación de acuíferos.
El gobierno ha señalado que buscará implementar métodos “menos agresivos” y con menor impacto ambiental, aunque el anuncio ya ha reavivado el debate entre especialistas, comunidades y organizaciones ambientalistas.
Con este paso, México redefine su estrategia energética en medio de un contexto global marcado por la incertidumbre en los mercados y la creciente disputa por los recursos energéticos.