Chilpancingo, Gro. Como parte de las acciones para atender a las familias desplazadas por la violencia en Chilapa, Guerrero, luego de los ataques de la organización criminal de Los Ardillos, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, junto con la gobernadora de esa entidad, la morenista Evelyn Salgado Pineda, dialogaron ayer con habitantes de las comunidades nahuas de Alcozacán y Coatzingo, a fin de escuchar sus demandas y establecer un corredor seguro para que tengan acceso a apoyos.
Propusieron la instalación de una mesa de diálogo entre los comisarios ejidales y la administración estatal, que permita firmar un acuerdo para construir condiciones duraderas de paz y convivencia en la región de la Montaña Baja de Guerrero.
“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, puntualizó la funcionaria federal.
Luego de que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que las autoridades federales y guerrerenses tomaron el control de la zona, Rodríguez Velázquez confirmó que lograron el retiro de bloqueos, dialogaron con los lugareños y se brindaron servicios médicos, de alimentación y seguridad. Junto con los integrantes de la Mesa de Paz estatal, recorrieron ambos poblados.
Anunció “la regularización de programas del Bienestar y la construcción de un Banco del Bienestar para que los apoyos lleguen de forma directa a la población”.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación explicó que en Alcozacán y Coatzingo, donde se encuentran alojadas las familias que tuvieron que abandonar sus hogares por los ataques a balazos y con explosivos lanzados con drones, conversaron con las personas afectadas y escucharon sus demandas; en respuesta, les ofrecieron condiciones de seguridad.
También se estableció un corredor seguro que les permita acceder a víveres, atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad. Las autoridades se comprometieron a restablecer las Bases de operaciones interinstitucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, así como el arribo de brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar.
“Desde el gobierno federal creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre mediante la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos. Esos deben ser los principios rectores para la atención a la ciudadanía y la construcción de paz”, expuso la dependencia federal.
Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, quien acudió a la zona una semana después de que empezó la embestida de Los Ardillos, sostuvo: “No vamos a dejar solas a las familias; seguimos trabajando de manera coordinada para preservar la seguridad, atender a la población y fortalecer la paz en la región”, y aseveró que hay una atención permanente a la situación en la región de la Montaña Baja.
Prometió que se levantará un censo preliminar de viviendas, que serán atendidas, así como la gestión de caminos artesanales para este y el próximo año, priorizando las necesidades de los pueblos indígenas.
En dichas acciones participan la Defensa y Marina, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la GN, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía guerrerense, además de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Sin respuesta, la demanda de arrestar a capos criminales
Jesús Plácido Galindo, dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), se quejó de que la comitiva de los gobiernos federal y estatal no dio respuesta a su demanda central: la integración de carpetas de investigación para capturar a los cabecillas de Los Ardillos, “que en los últimos años ha dejado asesinatos y desapariciones en las comunidades de la Montaña Baja”.
Afirmó que la mayoría de los más de mil 500 desplazados no han retornado a sus pueblos, por temor a que los ataquen con drones cargados de explosivos. “Nos dijeron que van a permanecer aquí en Alcozacán, esperamos que no se vayan, como siempre ha sucedido y realmente protejan a nuestras comunidades”.
Los Ardillos –cuyo cabecilla es Celso Ortega– han atacado desde el 6 de mayo los poblados de las comunidades nahuas de Xicotlán, Tula y Acahuehuetlán, en el municipio de Chilapa, por lo que cientos de pobladores tuvieron que dejar sus casas y la mayoría se refugió en el poblado de Alcozacán.